Ley Bases: ASINMET expresa su preocupación ante los puntos planteados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), a través de los representantes de su Comisión Directiva, expresa que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la ley Bases debatida en el Congreso de la Nación, debería ser revisado y modificado, ya que -como se pretende establecer con su aprobación-, podría generar un escenario de competencia desleal con la industria preexistente, afectando directamente al sector metalúrgico nacional en general, especialmente a las PyMEs.

ASINMET sostiene que -si bien es sumamente necesario obtener grandes inversiones que impulsen diversas áreas productivas de la Argentina- las mismas deberían estar encuadradas en igualdad de condiciones con el entramado industrial actualmente vigente.

La institución acompaña las objeciones al RIGI, realizadas con anterioridad por parte de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En ese orden, se destacan los siguientes aspectos:

• – Desprotección a la industria metalúrgica local: las empresas adheridas al RIGI pueden importar bienes usados. Esto generaría una competencia desleal, ya que los productos con uso previo no tienen un precio establecido y su productividad es mucho menor.

• – Otro inconveniente se encuentra estrictamente vinculado a la importación: pueden ser transferidos insumos desde el beneficiario del RIGI a cualquier otro sujeto económico. Esto afecta doblemente a los proveedores locales metalúrgicos y de cualquier otro sector que deberán competir contra bienes que no pagan ningún impuesto en la importación. Luego de ser importados, podrán ser transferidos sin ninguna limitación.

• – No están excluidos de los beneficios los bienes usados: de esta manera, no solamente sería mucho mayor la competencia desleal con respecto a los productores metalúrgicos, sino que, además, no evitaría dar incentivos a inversiones ya amortizadas y obsoletas tecnológicamente.

• – Tamaño de la inversión: el piso de inversión necesaria para acceder al RIGI es entre US$ 200 y 900 millones, por lo que sólo empresas muy grandes podrán hacerlo. Esto implica un riesgo de desplazamiento de empresas existentes. No por razones de mercado, sino por la intervención del Estado, creando condiciones diferenciales más favorables para las empresas nuevas. Si las inversiones se realizan en segmentos dominados por PyMEs, la supervivencia de estas estaría condenada.

• – El RIGI es muy generoso con los incentivos, pero no tiene ningún tipo de contraprestación. Solo invertir, sin ningún condicionamiento. Por lo tanto: no implica transferencia de tecnología; no establece condiciones de desarrollo de la cadena de valor con lo que puede convertirse en un proyecto altamente demandante de divisas; y no establece condiciones de compra local que generen derrame sobre la estructura productiva local. Puede acentuarse si se produce un proceso de concentración de mercado.

• – No hay orientación sobre sectores, por lo que se puede estar dando incentivos a aquellos que son competitivos sin necesidad, con lo que el efecto sería un aumento de la tasa de ganancia a costa del Estado y de sus competidores. De acuerdo a simulaciones, la diferencia de rentabilidad en dos proyectos iguales varía en un 100%, según esté o no en el RIGI.

Al margen de las respectivas modificaciones que se pueden realizar en el RIGI, ASINMET pone sobre la mesa una serie de temas de vital importancia para el sector, los cuales hoy no son enteramente tenidos en cuenta en el tratamiento legislativo.

Por un lado, para lograr una competencia leal deben ser eliminadas las trabas o políticas que desde el sector público afectan a las empresas del sector. Tales como: impuestos a los débitos y créditos bancarios, tasas de importación de insumos para la fabricación de bienes, eliminación de los saldos a favor de IVA e Impuestos a los Ingresos Brutos o pagos de anticipos de ganancias que se computan un año después, adaptación del convenio multilateral de IIBB para evitar percepciones y retenciones de múltiples jurisdicciones en una misma operación.

Asimismo, resulta crucial proceder con la eliminación o reducción de impuestos en tarifas eléctricas y de gas, una temática que en el último tiempo ha inquietado a numerosas empresas asociadas a la Cámara.

ASINMET considera que las empresas son productivas de las puertas hacia adentro de las fábricas. Pierden competitividad por cuestiones externas a la PyME en las que interviene el Estado.

Estos puntos explayados deberían ser receptados tanto por el Gobierno nacional como por el provincial y, a su vez, por todos los integrantes del Poder Legislativo.